Manifiesto de EV con motivo del Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

Este 26 de junio, jornada en la que se celebra el Día Internacional de Lucha contra el uso indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, queremos unirnos a todas aquellas iniciativas y propuestas que claman en el mundo por la protección y el respeto a los derechos humanos de las personas con problemas de adicciones y reivindicar a los gobiernos una política de drogas no represiva que apueste por la prevención, la reducción de daños y la atención integral.

Por ello, desde EV, nos sumamos a la campaña internacional “Support, Don´t Punish” (Apoya, No Castigues), una campaña global para crear conciencia sobre los daños causados por la criminalización de las personas que usan drogas, y animamos a que se sumen a la misma otras entidades y personas.

Centrando nuestras reivindicaciones en los efectos negativos que puede tener para las personas con problemas de drogodependencias la reforma del Código Penal, a punto de ser aprobada por las cámaras legislativas, EV apuesta por las alternativas a la prisión de contenido resocializador, por su rentabilidad social, al evitar la reincidencia, y su rentabilidad económica, al implicar menores costes. Por ello animamos a los responsables políticos a conocer y asumir las propuestas que han elaborado nuestras federaciones ENLACE y UNAD al Proyecto de Reforma del Código Penal, basadas en su experiencia de más de 20 años trabajando en el ámbito de las adicciones y la exclusión social.

Algunas de estas propuestas son:

1. Delitos patrimoniales, robos y hurtos.

Que no se endurezca el castigo para los delitos patrimoniales, como robos y hurtos ya que éstos no han crecido en los últimos tiempos. Aumentar el castigo a las personas con problemas de adicciones por estos delitos sólo contribuirá a dificultarles el acceso a terapias alternativas a la cárcel.

2. Regulación de elementos clave para la recuperación de las personas drogodependientes.

Las penas y medidas alternativas a la prisión, están dando buenos resultados, por ello el Código Penal no necesita modificaciones que vengan a restringir la normativa vigente, que permite, entre otros, la suspensión de la pena para personas drogodependientes que han finalizado con éxito el proceso y se han rehabilitado. Por el contrario, lo ideal sería que se flexibilizaran las medidas ya existentes y se incorporaran otras que son bien conocidas en países de nuestro entorno y acumulan buenos resultados.

3. La nueva regulación de las medidas de seguridad.

Extender medidas de seguridad posteriores al cumplimiento de una pena para evitar la comisión de un posible y futuro delito es un retroceso. Una medida que no respeta los derechos y garantías de las personas.

Además, entendemos que internar a una persona en un centro de deshabituación no debe exceder el plazo de 2 años, con una posible prórroga de 12 meses más, en caso de ser estrictamente necesario.

4. Eximentes y atenuantes de la responsabilidad criminal.

Este es el momento adecuado para introducir las ludopatías y otras adicciones sin sustancia en el catálogo de circunstancias atenuantes y eximentes.

5. Mediación en el ámbito penal.

Valoramos de forma muy positiva que se introduzca la figura de la mediación y solicitamos que se implante como circunstancia atenuante, junto a la de reparación del daño.

En este sentido pedimos que a la hora de actuar en materia de drogas, se tenga en cuenta a las personas para que cuenten con todo el apoyo necesario para su rehabilitación evitando así un mayor riesgo de exclusión social, y apostamos por la prevención y una actuación educativa dirigida especialmente a la infancia y adolescencia, que favorezca valores y actitudes que sirvan de factores de protección ante la oferta de consumo”.